Ha transcurrido un poco más de un mes desde que los talibanes se hicieron con el control de Afganistán tras tomar la ciudad de Kabul luego de la retirada de las tropas estadounidenses. Desde entonces las denuncias oficiales y “no oficiales” de violaciones de derechos humanos, como era de esperarse, están a la orden del día. Unas son más atroces que otras; pero todas son al final: violaciones de derechos humanos.
Al respecto, las Naciones Unidas han dicho a través de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, que “siguen recibiendo reportes creíbles de graves violaciones del derecho internacional humanitario, y de abusos de los derechos humanos, que tienen lugar en muchas zonas bajo el control efectivo de los talibanes" que van desde "ejecuciones sumarias" a "restricciones a los derechos de las mujeres", "reclutamiento de niños soldados”, "represión de las protestas pacíficas y de la expresión de la disidencia”, y “a las mujeres se les ha limitado su derecho a circular libremente y a las niñas, el de asistir a la escuela”.
Ahora bien, en esta oportunidad nos referiremos al caso de las mujeres, quienes de entrada han llevado la peor parte en esta situación. Con el pronunciamiento de la ONU, claramente vemos que están en riesgo todos los avances que se venían logrando durante más de diez años en la lucha por la igualdad entre las mujeres y los hombres, las cuales están recogidas en el tercer Informe periódico del Comité para la Eliminación de la Discriminación Contra la Mujer de fecha 18 de febrero de 2020.
En dicho documento se destacan como aspectos positivos el haberse establecido en las leyes locales disposiciones relativas a los crímenes de lesa humanidad, genocidio y de guerra y que tipifica como delito la violación, la trata de personas con fines de explotación sexual y a efectos de explotación laboral, la práctica del bacha bazi (explotación y abusos sexuales de niños); haberse impuesto la prohibición de pruebas de virginidad; la derogación de exenciones penales a los autores de delitos contra el honor; reservar a mujeres un 30% de los escaños de la Cámara de Representantes del Pueblo y un 25% de los escaños de los consejos provinciales y de distrito; la aprobación de políticas relativas a la educación de las niñas; la creación del Ministerio de asuntos de la mujer; las medidas para abordar la discriminación contra las niñas en la educación; la estrategia de salud reproductiva, materna, neonatal e infantil; la estrategia y plan de acción nacional para la eliminación de la violencia contra la mujer; la estrategia de género para las instituciones de enseñanza superior, en 2016; Estrategia nacional relativa a las campesinas; y la declaración sobre escuelas seguras, en la que se reconoce que se han atacado escuelas y universidades para impedir a las niñas acceder a la educación.
Cabe destacar que el Estado de Afganistán ratificó en fecha 24 de enero de 1983 el Pacto Internacional de Derechos Económicos Sociales y Culturales el cual establece el obligatorio cumplimiento de sus disposiciones a todas las autoridades de los poderes legislativo, Gobierno, judicial, fiscalía y cualquier otra rama de los poderes públicos, independientemente de los sujetos individuales o colectivos que detenten el poder, asuman el Gobierno, controlen las armas y el territorio.
De esta manera, los hechos denunciados en Afganistán contra las mujeres son contrarios a los derechos consagrados en el citado instrumento normativo los cuales regulan en el artículo 2 la garantía de no discriminación por razones de sexo y el artículo 3 la garantía de igualdad entre hombre y mujer.
Las obligaciones establecidas en ambos artículos, deben aplicarse de manera concatenada porque además de que se refuerzan mutuamente, permiten la aplicación del resto de los derechos económicos, sociales y culturales contenidos en el pacto, tal como ha quedado claramente establecido por el Comité DESC de la ONU en el Comentario General No 16.
Por tales motivos, Afganistán sigue comprometida también en lo que respecta a los derechos humanos de las mujeres a lo siguiente:
- Garantizar el derecho de toda persona a tener la oportunidad de ganarse la vida mediante un trabajo libremente escogido u aceptado y a adoptar las medidas necesarias para garantizar el pleno disfrute de este derecho de conformidad con el párrafo 1 del artículo 6.
- Reconocer el derecho de toda persona a disfrutar de condiciones de trabajo equitativas y satisfactorias y garantizar en particular un salario equitativo e igual por trabajo de igual valor de conformidad con el apartado a) del artículo 7.
- Garantizar el derecho de toda persona a formar sindicatos y afiliarse al de su elección de conformidad con el apartado a) del párrafo 1 del artículo 8 del Pacto.
- Reconocer el derecho de toda persona a la protección social y, en particular, a la seguridad social y a la igualdad de acceso a los servicios sociales de conformidad con el apartado a) del párrafo 1 del artículo 8.
- Reconocer la necesidad de conceder a la familia la más amplia protección y asistencia posibles y que el matrimonio deba contraerse con el libre consentimiento de los futuros cónyuges de conformidad con el apartado 1) del artículo 10.
- Reconocer el derecho de toda persona a un nivel de vida adecuado para sí y para su familia, lo que incluye una vivienda adecuada; alimentación adecuada; propiedad, usufructo u otra forma de intervención sobre la vivienda, la tierra y los bienes de conformidad con el artículo 11.
- Tomar medidas para el pleno ejercicio del derecho de toda persona al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental; acceso a los servicios de salud pública;
- Reconocer el derecho de toda persona a la educación de conformidad con el párrafo 1 del artículo 13.
- Reconocer el derecho de toda persona a participar en la vida cultural y a disfrutar de los beneficios del progreso científico.
El desconocimiento de todas estas obligaciones internacionales y evidente intención de hacer nugatorio el derecho a la igualdad entre hombres y mujeres, luego de los avances logrados en Afganistán antes de que los talibanes se hicieran del poder, es un lamentable retroceso que la historia de la humanidad le cobrara a las naciones y en especial a los órganos de la ONU si se mantienen inertes y no consideran esta problemática como una amenaza a la seguridad internacional.
